Posse quiere militarizar el distrito

Ajustando el presupuesto de salud y obras publicas

El programa de Posse frente a la inseguridad es aumentar la capacidad represiva del aparato policial cómplice de todos los delitos habidos y por haber en el distrito. 

Ya se esta discutiendo el presupuesto 2010 en el distrito y se estima, según ha propuesto el oficialismo, va a aumentar para el proximo año en un 38% los recursos para la seguridad municipal. Pero mientras se esta discutiendo aumentar en mas de 10 millones el presupuesto de seguridad por otro lado se plantean ajustes para las areas de obras publicas y servicios publicos como tambien en las secretarias de salud.

Pero esto no es nuevo en el distrito, porque Posse viene exigiendo dinero para aumentar la capacidad represiva del estado municipal, ya él mismo lo dejó en claro en el discurso de lanzamiento de campaña para el 2009 y los siguientes reclamos a la provincia para que le aumente la partida presupuestaria para la seguridad.
Ahora el intendente va hasta el fondo ya que plantea obtener esos recusos mediante el ajuste en materia de salud y obras publicas, cuando tenemos paralizados el plan de urbanizacion y vivienda de La Cava y las barriadas obreras y cuando el sistema sanitario colapsa diariamente.

La salida a la inseguridad no pasa por militarizar las calles con patrullas y mas camaras. La inseguridad viene de arriba, por eso el Partido Obrero plantea que se debe destituir las cúpulas policiales de la Federal y de la Bonaerense, por sus múltiples y comprobados lazos con el delito organizado.
Hay que desmantelar el aparato represivo y a partir de allí, debe establecerse una fuerza de seguridad ciudadana construida sobre nuevas bases; sus cuadros deben ser reclutados y seleccionados bajo el control de organizaciones sociales y de derechos humanos.

Que los libros de guardia y partes diarios de las comisarías estén sometidos al control de representantes electos; solamente así vamos a terminar con las zonas liberadas y con el gatillo fácil y los chicos muertos en las comisarías.

KIRCHNER, CARRIO, CASARETTO, MOYANO Y YASKY

Infelices los niños

La posible creación de una “asignación universal por hijo” volvió a ganar el primer plano de la situación política. El telón de fondo de esta polémica –que envuelve al gobierno, a sus opositores y a la Iglesia–, es pavoroso. En el último año, 400.000 obreros perdieron su trabajo. En relación con lo que viene, hasta los economistas que confían en una reactivación señalan que “lo peor para el mercado laboral aún está por llegar” (Informe económico de la Universidad Di Tella). Es que la recuperación capitalista plantea una feroz competencia entre pulpos, que éstos querrán dirimir en base a despidos y mayor superexplotación laboral. Como botón de muestra, está el ataque a los obreros de Kraft. Durante este mismo año, las paritarias fueron virtualmente anuladas y los salarios se ajustaron con “techos” ubicados por debajo de la inflación real.
Mientras tanto, hasta el Indec reconoce que, en medio de la crisis, los pocos empleos que se generan son precarios. Según esas mismas estadísticas, los trabajadores “no registrados”, que son la mitad de toda la clase obrera, ganan en promedio unos 1.500 pesos. ¡Pero la “canasta básica” (línea de pobreza) ¡ya supera los 1.600 pesos! No se equivoca, entonces, quien atribuye el crecimiento de la pobreza a la “pérdida o precarización de empleo, a la suba de precios y remuneraciones planchadas en el sector informal” (Agustín Salvia, director del Observatorio de Pobreza de la UCA e investigador del Conicet, en Fortunaweb del 20/9).
A la luz de lo anterior, es evidente que el avance de la miseria social es un resultado directo de la explotación capitalista y de la tendencia de ese régimen social a trasladar sus crisis sobre los trabajadores.


¿Asistencialismo? Ni eso


Ni el gobierno ni sus opositores capitalistas tienen una salida para este crecimiento capitalista de la pobreza. Saben, incluso, que están echando más nafta a la hoguera de la miseria social. Por caso, acaban de aprobar un presupuesto 2010 que reduce sustancialmente los subsidios al transporte y otros servicios públicos, lo que van a resarcir con mayores tarifazos. Pero para los Kirchner o los Carrió, la pobreza no sería el resultado del proceso capitalista que ellos mismos promueven –y que implica despidos, suspensiones y mayor carestía. Para ellos, la miseria social sólo afecta a los “excluídos” o marginados del sistema. En ese caso, la salida a la pobreza no plantea un ataque al capital, sino que depende del asistencialismo estatal. De este modo, las asignaciones por hijo –tan meneadas por la CTA, pero también por el Banco Mundial– han vuelto a la palestra.
Pero, ¿en qué consiste el asistencialismo de un gobierno que está por someter sus cuentas al control del FMI y se prepara a “reanudar relaciones” con el capital financiero internacional? Por lo pronto, el proyecto oficial ubica la asignación por hijo en 135 pesos. Para la consultora Ecolatina, la “canasta”, no de pobreza, sino de indigencia, ascendía en julio pasado a 260 pesos por persona. O sea que la caridad oficial apenas cubre la mitad del alimento de los menores que pretende amparar. El gobierno, por otra parte, se opone a la “universalidad” del subsidio, o sea que tampoco está claro a cuántos menores alcanzaría la asignación oficial.
Cristina Kirchner ha querido zafar por izquierda de los cuestionamientos opositores, señalando que prefiere abordar la pobreza “desde el trabajo y no desde la beneficencia”. De ese modo, reivindicó al régimen de contratación de cien mil trabajadores “cooperativizados” para la obra pública. La cifra coincide con los obreros de la construcción que perdieron su trabajo con la crisis y que, en el marco del plan oficial, volverían a los andamios sin convenio ni derechos laborales. En nombre de la creación de trabajo, la “política social” del kirchnerismo apunta a la destrucción del trabajo y sus conquistas. El ingreso precario de los cooperativistas pretenderá ser un nuevo piso para la contratación laboral de los capitalistas de la construcción. Mientras se llena la boca con “los niños”, el kirchnerismo agrava las condiciones de vida y de trabajo de sus padres trabajadores.


Carrió y Casaretto


En ese cuadro, la pastoral social y el “Acuerdo Cívico” de Carrió y Morales salieron a doblarle la apuesta a la mezquindad oficial. Propusieron que la asignación por hijo llegue a la “friolera” de 180 pesos y que sea universal. Pero a la hora de explicar de dónde saldrían los recursos, la Pastoral planteó que una parte podría financiarse con “los actuales planes Familias y Jefes y Jefas de Hogar” (Clarín, 20/9). En ese caso, la “asignación por hijo” serviría de pretexto para eliminar definitivamente a los actuales planes, que permanecen sin indexar desde hace ocho años. Para Carrió y Prat Gay, de todos modos, la “universalidad” iría más lejos: con el tiempo, piensan que podría sustituir a las actuales asignaciones familiares. O sea que el “subsidio universal” serviría de coartada para barrer con conquistas obreras, que pasarían a sumergirse en el rasero común del asistencialismo estatal.


La clase obrera, frente a la pobreza

Bajo la infame pantalla común de la niñez desamparada, oficialistas y opositores quieren disimular su apoyo a la escalada capitalista contra la clase obrera, que golpea los salarios, los convenios y el derecho al trabajo. En torno de esta ofensiva, la burocracia sindical ha cerrado filas con los capitalistas y con el gobierno. En la CTA, Yasky y Lozano deben estar celebrando como una victoria política la “instalación” mediática de la asignación universal por hijo. Ello, mientras miran para otro lado en Mahle, Paraná Metal, Kraft y cualquiera de las luchas donde estuvo en juego el derecho al trabajo de miles de familias obreras. Los burócratas pretenden encontrar en el asistencialismo estatal la excusa para no luchar. Pero la caja de ese Estado está hipotecada ante el capital financiero. Los capitalistas y el gobierno sólo abrirán la billetera de la “política social” cuando sirva para promover el empleo precario (cooperativas), liquidar conquistas obreras o subsidiar capitalistas, como ocurre con el Repro.
La lucha contra la pobreza pasa, en primer lugar, por prohibir los despidos, luchar por un salario que cubra el costo de la canasta familiar, que hoy no es inferior a los 4.400 pesos; por la reapertura de las paritarias; por un subsidio al desocupado que cubra el 82% de esa canasta familiar y una jubilación móvil que parta de ese mínimo. Construyamos, en todos los sindicatos, direcciones clasistas para luchar por ese programa.

Pacto Daer-Kraft-Tomada para derrotar la lucha

Echan lastre y no lo consiguen

Los cinco delegados impedidos de entrar desde hace más de 50 días a la planta han sido reinstalados en sus puestos de trabajo por la Justicia.

El giro judicial se produjo como resultado de una presentación del Ministerio de Trabajo. El gobierno nacional jugó fuerte para imponer este punto, mientras seguía empeñado en desconocer la condición de delegados de los compañeros que ejercen esa función en la planta, con el argumento de que se les había vencido el mandato, y mantenía sin resolver la reincorporación de los 162 activistas. Los evidentes esfuerzos de los K y los Moyano-Daer para descomprimir el conflicto y sacarlo de la calle se hacen con la expectativa de descabezar o neutralizar a la Comisión Interna. En los últimos días, Daer no se ha cansado de repetir que la función sindical en Kraft había quedado en manos de la dirección del sindicato, a partir del vencimiento del mandato de la interna. La patronal pretende un paquete final, entero, que incluya una cláusula de paz social por 60 días y el fin del conflicto, firmada por todo el cuerpo de delegados.
Mientras tanto, los despedidos aún siguen siendo 142, esto entre los primeros indemnizados y los 72 despedidos finales, aunque se ha dejado trascender que podrían haber más readmisiones. Los cinco delegados repuestos y el total de la Comisión Interna legal de planta, conformada por diez compañeros, son desconocidos como tales por parte de la patronal, la burocracia y el Estado, debido al vencimiento de sus mandatos el pasado viernes 9 de octubre. Esta caducidad objetiva, como consecuencia de la imposibilidad de celebrar elecciones en las condiciones de conflicto, normalmente se resuelve con una prórroga de mandatos. Daer se ha negado por completo a otorgarla y se ha declarado la “única representación sindical en la planta hasta una nueva elección”, que él mismo tiene que convocar.
El Ministerio, que también podría prorrogar los mandatos por su cuenta, no lo hace y se empeña, por el contrario, en controlar que los compañeros no retomen su función gremial sino que se incorporen a “sus puestos de trabajo”. La policía, en tanto, se retira de la planta al mismo ritmo que las tropas norteamericanas de Irak.

No han podido doblegar la lucha

Las concesiones obtenidas en esta lucha han sido arrancadas por los piquetes y marchas heroicas de los compañeros y las organizaciones solidarias, modificando continuamente los escenarios de la huelga. El gobierno ha operado frente a la huelga desde un cuadro de debilidad, lo mismo la patronal, lo cual está relacionado con las divergencias de todo tipo que se manifiestan en la burguesía y en los aparatos del Estado, desde el acuerdo con el FMI, la ley de medios, la no cerrada querella sojera y agraria y, por sobre todo, los giros de la crisis mundial. Tomada creyó que podía irse a Estados Unidos, mientras habilitaba a la patronal a producir los despidos, pero después quedó claro que los K no tenían resto para sostener la apuesta, ni cuando se jugaron a la represión de los piquetes. Es claro que la participación de la Fuba le dio al conflicto una resonancia que va más allá de las fuerzas que se movilizaron en la práctica, pero que trajeron a la memoria la crisis desatada cuando la Fuba, hace dos años, desafió con movilizaciones callejeras a la camarilla profesoral de la Universidad. Moyano fracasó en su reclamo de dejar las calles y atenuar las críticas a la CGT y al Sindicato de la Alimentación a cambio de su apoyo verbal a los trabajadores. El resultado provisorio es una situación contradictoria de concesiones en los despidos y una continua tentativa para despedir a los activistas y privar de sus derechos a la organización obrera de la planta. También ha jugado un papel fundamental la resistencia interior en la planta. Una resistencia a las horas extras, a los aprietes de los jefes, al nuevo código de trabajo, a los nuevos tiempos de producción, a los nuevos tiempos para ir al baño, a la violación de las categorías o los actos de protesta contra la patronal –como las ovaciones recibidas por algunos delegados cuando ingresaron al comedor– por parte de sus compañeros. Ni hablar de la asamblea de más de cien compañeros en la puerta al entrar el último de los delegados, todos síntomas de un límite infranqueable para las pretensiones de la patronal.


El plan B de Daer, Moyano y K

 Más allá del planteo de dejar en la Justicia la decisión sobre las reincorporaciones y despidos, y más allá de la pretensión de paz social, la política de Daer y de la patronal, de cercenar la actividad sindical de los delegados, lleva a un mayor conflicto. El Plan B ante el fracaso del plan de represalias y represión no tiene mayor viabilidad que el que tuvo el A. Esto explica los ajetreos de la burocracia de la CGT para arrancar algún acuerdo con la interna o con un sector de ella con relación al futuro.
Daer, con 140 activistas en la calle, con la planta regimentada por los supervisores y la policía, con sus “congresales” actuando como sindicato libremente en planta, pretende armar en el momento oportuno “su” Comisión Interna. Por eso, viola toda la tradición en los sindicatos argentinos, que establece la prórroga automática de mandatos cuando la convocatoria a elecciones de un cuerpo de delegados se demora por razones de fuerza mayor, en este caso una gran lucha. Pero la ambición supera a Daer y a su mentor Moyano. La lucha de Kraft ha abierto una crisis en la CGT, porque al cuestionamiento de la UTA por el Subte se suma el cuestionamiento de los burócratas cegetistas por una gran planta industrial. La tanda Daer-Moyano, con el socorro de algunos asesores de K, como el secretísimo Zannini, pretenden recuperar un control, exactamente en el momento en que se desarrolla una rebelión entre franjas crecientes de jóvenes trabajadores contra la burocracia sindical. En paralelo a la burocracia, Kraft pretende (y necesita) imponer sus planes internacionales de ajuste bajo la presión de la bancarrota capitalista mundial. Moyano es parte integral de ese tejido.
La reincorporación de los despedidos y la prórroga del mandato de la Comisión Interna son los puntos irrenunciables. Se ha votado implementar un petitorio masivo, de toda la fábrica, para respaldar el reclamo al sindicato y al Ministerio de que reconozcan a la Interna y los delegados y reincorporar a todos los despedidos pendientes. Se ha votado también otra gran marcha a Plaza de Mayo para el jueves 15. No hay lugar para la burocracia sindical en Kraft, existe todo el espacio para la organización obrera representativa e independiente a lo largo y ancho de la planta.
A la CGT y a la CTA (¡la otra gran ‘ausente’ de la lucha, pero presente en todos los circos oficialistas!) les reclamamos el paro general por la victoria de las obreras y obreros de Kraft, y del Subte, Mahle, Paraná Metal, el aumento del mínimo no imponible, la reanudación de las paritarias, la prohibición de despidos y suspensiones, y un plan de obras públicas (bajo control obrero) para que trabajen todos los

XXIVº Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán

MUJERES QUE LUCHAN

De Kraft a los hospitales tucumanos

Los micros que están llegando a Tucumán traen la fuerza de una gran lucha. Vienen las obreras de Terrabusi Kraft, que están batallando por su organización obrera y su condición laboral. Llegan las mujeres piqueteras, que enfrentan en los barrios dos flagelos: el del hambre y el de los punteros oficiales. Con ellas, estarán las compañeras que desafían a las mafias capitalistas de la trata de personas. Y las madres de los pibes asesinados por el gatillo fácil.

¿Quién las va recibir en Tucumán? Nada menos que las compañeras enfermeras, médicas, trabajadoras de la salud. Ellas se han jugado a fondo contra el derrumbe de sus salarios, de sus condiciones de trabajo y de sus hospitales. Al pie del micro, estará también el movimiento de lucha contra otro régimen de impunidad y negociados. El que se cobró la vida de Paulina Lebbos y tantas otras jóvenes. El movimiento de la mujer se ha forjado en la lucha contra la violencia de los capitalistas en las fábricas; de los explotadores sexuales; de los opresores del clero, del Estado y de sus aparatos de represión. La etapa que se abre vendrá signada por luchas cada vez más extendidas y resueltas. De cara a la crisis capitalista, la receta del gobierno y sus opositores no difiere: mayor presión patronal contra los convenios, mayores despidos, más carestía y tarifazos; liquidación de los presupuestos sanitarios y educativos.

La mujer es el eslabón más débil de esa escalada contra los explotados. La respuesta está en Kraft, en los hospitales tucumanos. En todas las luchas que se abren camino desde abajo. Ese gran movimiento exige una orientación independiente del Estado, del capital y sus partidos, de las burocracias del clero y de los sindicatos.

Compañeras, ¡adelante!